La Ley se encuentra en la actualidad en el debate de enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente. En este paso previo a su tramitación y aprobación por la Cámara Autonómica, los tres grupos ya tienen un punto de partida común: las necesidades sociales de los 40.000 residentes en esta vía pecuaria y sus posibles derechos de propiedad deberán ser evaluados y garantizados antes de acometer cualquier operación urbanística.

Los tres grupos han decidido facilitar a los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas todo el tiempo que necesiten para evaluar la situación de cada familia, su disposición a la hora de acceder a servicios básicos como sanidad, educación y servicios sociales, y si tiene derecho o no a la propiedad del suelo en el que esté su casa. Como recalca la diputada de IU Reyes Montiel, hay personas con recursos que podrían pagarse una vivienda mientras que otras no tienen "nada". "Los ayuntamientos, junto con los agentes sociales y los propios vecinos deben examinar caso por caso, y eso lleva tiempo", subraya.

El plazo se flexibiliza
El tiempo fue precisamente lo que desató el primer enfrentamiento entre la Comunidad y los municipios implicados. Como informó Madridiario, la Comunidad modificó su propuesta inicial -lo que provocó acusaciones de "engaño"- al añadir que, al cumplirse dos años de la aprobación, el Ejecutivo podría enajenar, ceder o permutar los terrenos. La diputada del PP Elena Utrilla aclara ahora que su grupo está dispuesto a dar "flexibilidad" a ese plazo -como sugirió el Consejo Económico y Social- porque el problema social es prioritarip: "Pueden ser dos, tres o cinco años a voluntad de las partes, porque tardará tiempo. Eso sí, lo que no podemos es dejarlo in illo tempore porque de lo contrario el problema persistirá".

El portavoz adjunto del PSOE, Adolfo Navarro, acepta una limitación de tiempo siempre que toda la población -niños, adultos, ancianos y enfermos- tenga acceso a los servicios que les corresponden. Ello implica la construcción de dotaciones sociales y la futura construcción de centros escolares o sanitarios si fuera preciso. Los socialistas no renuncian a que la Comunidad se comprometa por escrito con los ayuntamientos a poner recursos a su disposición. Elena Utrilla por su parte garantiza que la Comunidad, por ser administración implicada, "estará presente en todas las reuniones y participará en todo el proceso".

¿Quedará Cañada?
Una vez examinado todo lo referente a los residentes, le tocará la hora al urbanismo. PP, PSOE e IU dejarán a Madrid, Coslada y Rivas la ordenación de sus respectivos tramos de la Cañada Real, las posibles legalizaciones y el número de inquilinos a realojar con arreglo a sus competencias. Lo que los grupos aún no han decidido es si impondrán que la Cañada Real se mantenga como corredor verde. Madrid es partidaria de ello, pero como la ley permite cambiar el uso del suelo y urbanizar, los ayuntamientos tendrían la última palabra.

En lo que los tres ponentes de la Comisión de Medio Ambiente están de acuerdo es que la ley debe salir ya y "no puede retrasarse más" por el bien de los habitantes de la Cañada. En la tercera semana de febrero, la Comisión reanudará su trabajo tras el parón navideño. Si los plazos se cumplen, la ley podría entrar en vigor en el mes de marzo.