Ubicado en la calle de Carretas número 10, el Hotel Madrid llevaba años vacío. Hasta hace un mes, cuando algunos participantes en la manifestación celebrada el 15 de octubre decidieron tomar por la noche el inmueble "para ofrecérselo a familias víctimas de desahucios". Desde entonces, allí residen familias e indigentes
a pesar de la denuncia interpuesta por el grupo inmobiliario Monteverde, entidad propietaria del edificio.

El edificio, de
cinco plantas, sótano y dos azoteas, se ha convertido así en un hotel muy particular. Las puertas de las habitaciones siguen conservando las chapas doradas con sus correspondientes números identificativos. Los pasillos son largos y están protegidos con moqueta roja. Hay luz eléctrica, aunque el ascensor no funciona. En la recepción "siempre" hay alguien que facilita información a los que se acercan.
Pancartas contra los desahucios, contra la corrupción, contra el poder político y económico o simplemente informativas, decoran las paredes. Se permite fumar y hay algunos perros que corretean libremente por las estancias.
Un equipo de
Madridiario pidió permiso para hacer fotos en el interior del edificio, sin conseguirlo. "A partir del día 24, que es cuando tenemos previsto convocar a la prensa, se podrán hacer todas las fotos que se quieran y hablar con las familias desahuciadas, antes no", dijo una portavoz. "No queremos que salga antes de las elecciones, ha sido una decisión tomada en asamblea", añadió.

Mientras, la 'okupación' de edificios vacíos sigue siendo objeto de polémica entre partidos políticos y administraciones. Precisamente la semana pasada se conoció que
el inmueble contiguo al Teatro Albéniz había sido tomado por un grupo de desahuciados. La presidenta regional,
Esperanza Aguirre, acusa al Gobierno de permitir que indignados y 'okupas' tengan vía libre "para incumplir la ley".
Dolores Carrión, delegada del Gobierno en Madrid, afirma en cambio que, al estar ya presentada la denuncia, "ahora el desalojo depende del dictamen de un juez". "Irá al juzgado penal y ahí el juez decidirá si se considera un delito o si, al ser un inmueble deshabitado durante tiempo, la propiedad tiene que ejercer su derecho por vía civil", puntualizó. Los 'okupas', por su parte, recuerdan que el
artículo 47 de la Constitución Española indica que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".