González compra el ático investigado por la Justicia

El ático de lujo de la urbanización Alhambra del Golf,  en el término municipal de Estepona, que el presidente regional compró el pasado 18 de diciembre en 770.000 euros —566.000 euros (80%) a nombre de su mujer, Lourdes Cavero, empresaria y vicepresidenta de CEIM y 154.000 euros (20%) a nombre de González— lleva meses levantando ampollas.

Fue en 2008 cuando González comenzó a utilizar este ático de 495 metros cuadrados distribuidos en 257 metros cuadrados de vivienda, con recibidor, salón comedor, cocina, lavadero, pasillo, tres dormitorios, tres baños, un aseo y terraza, además de un solarium, ubicado en la planta ático del edificio, con una superficie de 238 metros cuadrados, tres trasteros y tres plazas de garaje.

La ocupación, mediante un alquiler que, según dijo González el año pasado, era de 2.000 euros mensuales, se produjo en 2008, poco después de que la vivienda fuera adquirida a su promotor por la sociedad Coast Investors, con sede en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU). Esta sociedad, sin embargo, no inscribiría dicha compraventa en el Registro de la Propiedad hasta 2012, poco antes de vendérsela a González.

Posteriormente, según publicó El Mundo, en el marco de la investigación del ‘caso Gürtel’, uno de los testigos habría vinculado al por entonces vicepresidente regional con la venta en 2004 de una parcela municipal en Arganda del Rey al constructor Fernando Martín, propietario de la empresa Martinsa. El 21 de marzo del año pasado, González negó tener cualquier tipo de relación con la trama Gürtel, negó la existencia de tal testigo y afirmó que todo era un montaje contra él y que si alguien tenía "alguna prueba o algún informe" al respecto, debía ponerlo "encima de la mesa". De hecho no hubo ninguna actuación judicial contra en entonces vicepresidente.

La operación inmobiliaria de Arganda se habría producido, según el sumario,  a un precio muy por debajo de la tasación encargada por el Ayuntamiento de Arganda ya que frente a los 100 millones calculados por los tasadores municipales la venta se cerró en 77 millones. Dos años después, Martinsa vendería la tercera parte de esta parcela en 73 millones a otra inmobiliaria. 

En 2010 González denunció haber sido espiado durante un viaje a Bogotá que hizo con un alto cargo de Martinsa. Al año siguiente, entre los meses de julio y diciembre, la policía realizó una investigación, considerada "muy discreta y reservada", en la que se habló, por primera vez de que González veraneaba en el piso de Marbella.  En esta investigación, según publicó el diario El País, una fuente consultada por la policía indicó que el ático había sido pagado supuestamente con dinero procedente de las islas Caimán. El policía autor de esta investigación se limitó a señalar que había que confirmar los datos conseguidos.

En abril de 2012, el ministro del Interior, el 'popular' Jorge Fernández Díaz, desvelaba esta investigación y la tachaba de "ilegal".  Días después, el comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, que había dirigido las investigaciones sobre el ático de González, era destituido del cargo y trasladado a la comisaría madrileña de Usera-Villaverde.

Pocos días después, el 24 de abril, el Sindicato Unificado de Policía presentó una denuncia en la que pedía que se averiguara el origen del dinero con el que Coast Investors había adquirido el ático alquilado por González. El SUP aseguraba que Coast Investors se había creado en marzo de 2008 y había quedado inactiva hasta el 19 de julio de 2010, fecha en la que fue abandonada por su agente sin ser sustituido por ningún otro y, por tanto, sin funcionamiento ni actividad económica alguna. No obstante, el SUP aseguraba que "fue reactivada en marzo de 2012 tras las manifestaciones públicas" de González "de ser él quien abonaba el alquiler a dicha sociedad".

La Fiscalía Anticorrupción archivó esta denuncia del sindicato policial en mayo aunque indicó que los datos facilitados por el SUP "pueden servir, en su caso, para una investigación policial". Este sindicato ha venido defendiendo  que la venta del ático a Coast Investors "ha supuesto un trasvase de capital de dudoso origen" y que la operación "ha sido ocultada deliberadamente ante la Hacienda Pública, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital".

El archivo de las diligencias fue seguido del cese de Enrique Rodríguez Ulla, como primer comisario general de Policía Judicial, cargo en el que había sido nombrado por el Gobierno de Rajoy. El ministerio argumentó  "falta de confianza" e indicó que el comisario había realizado investigaciones del caso sin haber informado a sus superiores.

Los argumentos de González
Durante todo este tiempo, Ignacio González ha asegurado no saber nada ni de la venta de la parcela de Arganda ni de la identidad de los propietarios de Coast Investors, limitándose a decir que él era un simple inquilino del ático que ahora acaba de comprar. Este miércoles, González indicaba que la investigación ordenada por una juez de Estepona a la Agencia Tributaria, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, para que investigue quién es el auténtico propietario de la vivienda "nada tiene que ver" con él y señalaba que está referida "a las obligaciones fiscales del anterior propietario".

"Mi única relación es que era inquilino de ese inmueble, tengo mi contrato de alquiler, pagaba religiosamente mis alquileres y como también dije en su momento, que mi intención era poder comprar ese inmueble", ha admitido González, quien ha señalado que estaba "en conversaciones" con el propietario pero que no lo había podido "formalizar en su momento porque no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad", y, por lo tanto, el banco en el que él tramitaba su crédito "no podía formalizar esa compra".

Sin embargo, ha añadido que una vez regularizada la situación, la empresa propietaria hizo la inscripción y "a finales del año pasado y una vez puesto de acuerdo con el vendedor", formalizó "la compra que está pendiente de inscribirse por parte de la gestora del banco" en el que ha suscrito un crédito.

Sobre la nueva investigación solicitada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, González ha indicado que "lo único que hay es la petición de si el propietario de ese inmueble ha cumplido con sus obligaciones fiscales". "Una cuestión que nada tiene que ver con mi persona ni nada que tenga que ver con la Comunidad de Madrid. Es una actuación que va al margen de todo esto", ha insistido.

González ha indicado, además, que fue objeto de una "investigación ilegal durante casi un año" por parte de "algunos miembros de la Policía, como quedó acreditado y así expuso el Ministerio de Interior en sendas comparecencias parlamentarias". "Esa investigación fue archivada por parte de la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente por la Audiencia Nacional", ha recordado.

Además, ha indicado que ante la "gravedad" de esas "actuaciones ilegales" por parte de la Policía en el mes de abril presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado "para que se investigaran esos hechos gravísimos de esa investigación ilegal". "Confío plenamente en que las actuaciones de la Fiscalía General de estado aclaren esos hechos tan graves", ha concluido.